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ANPE presenta su informe estatal del servicio de Defensor del Profesor del curso 2021/22


22 Nov, 2022

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

EL ÚLTIMO INFORME DEL SERVICIO DEL DEFENSOR DEL PROFESOR DE ANPE ALERTA DEL AUMENTO DE CASOS DE DEPRESIÓN Y ESTRÉS ENTRE LOS DOCENTES Y POR CONSIGUIENTE EL INCREMENTO DE LAS BAJAS LABORALES

  • De los casos atendidos el 78% sufre ansiedad, un 12% está sufriendo un proceso depresivo y el porcentaje de docentes que se encuentran de baja asciende a un 15%.
  • El 30% de los problemas a los que se enfrentan los docentes están relacionados con la Administración.
  • Han aumentado las actuaciones entre el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato de un 38% a un 42%.

El número de actuaciones realizadas desde la creación del servicio del Defensor del Profesor de ANPE en 2005 asciende a 42.439. De ellas, 1.994 corresponden al curso 2021-2022, 34 más que en el curso anterior. Aunque no supone un aumento significativo, sí que detectamos cada vez más complejidad en los casos atendidos, en los que confluyen factores de diversa índole: estado anímico, burnout o síndrome del profesor quemado, carga burocrática, carga lectiva, ratios elevadas, atención a alumnado con necesidades educativas especiales, etc., que dificultan la resolución de los casos.

En el curso 2021/22, un 42% de las actuaciones se relacionan con profesores de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con un aumento de un 4% respecto al curso anterior. Por su parte, en Educación Primaria descienden del 44% al 39% y en Educación Infantil se mantienen en un 6%. Respecto a las realizadas en Ciclos Formativos de Grado Medio, Superior y FP Básica, suman un 9% del total (aumentando un 1%) mientras que las correspondientes al apartado “Otros” (Adultos, Conservatorios, Escuelas Oficiales de Idiomas, Danza, Música...) se mantienen en un 4% al igual que el curso anterior.

En cuanto a la tipología de los casos atendidos, destacamos los correspondientes a problemática con la Administración que aumentan de un 25% a un 30 %. El estado de tensión constante que provoca las actuaciones de las administraciones educativas entre el profesorado es debido a la publicación de protocolos de actuación ante la COVID tardíos y cambiantes, recortes en personal de apoyo para atender al alumnado, además de cambios normativos con el curso empezado. A esto se une también, la compleja labor de seguir atendiendo al alumnado que viene a clase y al alumnado que se encuentra confinado. La puesta en marcha de protocolos como el de ideación suicida o contra el acoso sin asignación horaria y sin formación suficiente para los docentes. Y todas estas tareas suponen una mayor carga burocrática. Esta situación hace que la relación con la Administración se resienta. Los docentes se sienten solos y con una responsabilidad que excede de sus funciones.

Los índices de ansiedad siguen aumentando año tras año hasta valores que rozan ya el 80% de los profesionales que se ponen en contacto con nosotros. Aumentan también los docentes que padecen depresión y que se ven abocados a la baja laboral que sube un 5% situándose en un 15%. La salud mental de nuestros docentes se está viendo afectada por las situaciones derivadas del contexto educativo actual y de la crisis pandémica que hemos vivido.

Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos.

Los datos recopilados en el curso 21-22 ponen de manifiesto que el problema en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente dentro del sistema educativo que no se resolverá fácilmente sin un apoyo político, social y familiar. Conseguir cambiar esta tendencia dependerá en buena medida del apoyo que reciba el docente y de la actitud que tanto padres como Administración adopten cuando el profesor ejerce su derecho a hacer cumplir unas normas básicas de convivencia que benefician a toda la comunidad educativa y que tienen como objetivo algo tan elemental como crear un clima de respeto dentro del centro y salvaguardar el derecho a la educación que por Ley tienen los alumnos.

Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de desarrollar una Ley de Autoridad del profesorado a nivel estatal, medidas reales que dignifiquen la labor docente y favorezcan un clima de convivencia adecuado; y la elaboración un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar en los Centros Educativos, liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación. Este Plan debería contar, entre otros, con los siguientes apartados:

  • Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos
  • La ineludible obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.
  • Aumento de Orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica, maestros de Audición y Lenguaje, personal de Servicios Sociales y auxiliares de Educación Especial para atender a todo el alumnado en pro de una verdadera inclusión.
  • Todo protocolo de actuación ante el acoso debe ir precedido de una memoria presupuestaria que contemple los recursos materiales y humanos necesarios para su implementación.
  • Implantación o aumento de servicios de atención psicológica para la comunidad educativa en todas las comunidades autónomas.
  • Actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como los Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros. Aplicación de la ley de autoridad en todas las comunidades autónomas.
  • El establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos.
  • Un plan específico de formación del profesorado, en horario lectivo, para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
  • Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.
  • Compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.

ANPE y el Defensor del Profesor reiteran su compromiso de seguir trabajando en apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación en sus puestos de trabajo, así como su intención de mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la opinión pública el día a día de los centros educativos y poner a la Educación, y a sus profesionales, en el lugar que realmente se merecen.

Madrid, 22 de noviembre de 2022

 

 

Vídeo 1 "Servicio El Defensor del Profesor"

 

Vídeo 2 "Yo también soy defensor del profesor"

 

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