La reducción del horario lectivo recogido en la Ley 4/2019 de 7 de marzo deja al albur de las Comunidades Autónomas su regulación ahondando más en la desvertebración educativa y en la desigualdad de las condiciones laborales de los docentes
ANPE ha exigido reiteradamente la derogación del RD-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, para que, entre otras cuestiones, se pudiera reducir el horario lectivo de todo el profesorado. El Gobierno, con la reciente Ley 4/2019 de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, ha derogado los artículos 2, 3 y 4 de dicho Real Decreto, que aumentaban las ratios, impedían la reducción del horario lectivo del profesorado y restringían la sustitución de profesores.
Ante la proposición de Ley de modificación del RD-Ley 14/2012 formulada por el Gobierno, ANPE presentó al Consejo Escolar del Estado la propuesta de que la reducción del horario lectivo fuese obligatoria en todas las comunidades autónomas. Dicha propuesta fue aprobada por el Consejo Escolar del Estado e incluida en el dictamen que envió al Ministerio de Educación para su consideración y traslado al Consejo de Ministros.
Sin embargo, a pesar de haber sido asumida por el Consejo Escolar del Estado la propuesta de ANPE, no ha sido incluida en la Ley 4/2019 y cada Administración podrá, dentro de sus competencias educativas, aplicar o no esta norma puesto que solo se efectúa una recomendación sobre su aplicación.
Los cuerpos docentes son cuerpos funcionariales de carácter estatal. Su ingreso, acceso y movilidad por todo el Estado están regulados a nivel nacional y son idénticos en todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde su trasferencia a las CCAA, estas han ido legislando de forma distinta en cuanto a condiciones laborales. De tal manera que, en cuanto a retribuciones, por ejemplo, la brecha salarial ha ido aumentando progresivamente, llegando a ser, en algunos casos, de más de 6.000 euros anuales, a pesar de que los docentes realizamos las mismas funciones y hemos accedido con los mismos requisitos y condiciones.
Con esta nueva ley, el Gobierno ha permitido que las diferencias en cuanto a condiciones laborales de los docentes puedan seguir aumentando.
Desde ANPE exigimos la inmediata equiparación de las condiciones laborales de los funcionarios docentes en todo el territorio nacional y que la legislación estatal que nos afecta sea de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, con el fin de evitar el incremento de las desigualdades ya existentes.
11 de marzo de 2019
