Por fin, el lunes 26 de marzo, se publicaba en BOE el II acuerdo para la mejora de la situación de los empleados públicos y sus condiciones de trabajo, pero todas las medidas, excepto dos, tienen un denominador común, la letra pequeña.
Básicamente el acuerdo consta de seis puntos. Primero, la aprobación de un incremento retributivo para el personal al servicio del sector público a cumplir en tres años y si todo va bien, el total sería de una subida del 8,79%, mas, eso sí un 0,3% adicional si la Administración tiene superávit presupuestario.
Segundo, oferta de empleo público para el año 2018 con una tasa de reposición igual o mayor al 100% en cada caso.
Tercero, procesos de estabilización de empleo público, es decir, rebajar al 8% la tasa de interinidad de las Administraciones.
Cuarto, medidas en materia de jornada de trabajo y de conciliación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Para que me entiendan, no es la vuelta a las 35 horas, pero cabe la posibilidad de negociación con cada Administración.
Quinto, medidas en materia de incapacidad temporal. En este punto lo relevante es que ya no castigarán al trabajador por caer enfermo, eso sí, tras negociación con cada administración y aquí se encuentra el primer punto que no se vincula a la condición general. Por último el sexto punto, tampoco vinculante, que es un poco ambiguo y tan generalista que todavía estoy dándole vueltas a qué pudiera ser o significar, y para quién. Planes de igualdad, absentismo, creación de comisiones y dos subapartados a estudiar: «se accederá a las acciones formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social»... y se analizará «condiciones de trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas, en particular las que afecten a la jubilación parcial de determinados colectivos».
Pareciera que, por fin, se mejorara algo la situación, aunque levemente, pues la pérdida de poder adquisitivo ha sido de un 20% y no se llega ni a la mitad, pero ahora viene la madre del cordero. Excepto en la IT, y el nombrado indescifrable punto sexto, el resto tiene una condición, el cumplimiento de los objetivos de déficit para poder negociar dichas medidas.
Resulta curioso que a día de hoy, cuando la sociedad reclama para un mismo trabajo un mismo salario, pues recordemos somos empleados públicos, se firme un acuerdo que lejos de facilitar dicha homologación, ahonde más en las diferencias, no flexibilizando para aquellas comunidades autónomas sus objetivos de déficit con el objetivo de alcanzar la unificación de condiciones y salarios. Esto no es un acuerdo para todos, pues deja fuera a Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia. Y los trabajadores no somos los culpables,